El objetivo último es descargar los costes de la crisis y la guerra de Ucrania sobre los trabajadores, haciéndoles pagar su cuota mediante el congelamiento salarial bajo el nombre de Pacto de Rentas. Mientras, se ha aprobado una nueva forma de apropiación de la tesorería de las pensiones a favor del sector financiero. Se ha puesto en marcha una colosal transferencia de recursos para su gestión por bancos, aseguradoras y fondos de pensiones, mediante la ley de Planes de Pensiones de Empresa.
Esta es una derrota del movimiento pensionista sometido al Gobierno de Coalición que las distintas fracciones de la COESPE pretenden calificar de “un momento de espera” para lanzar nuevas luchas. En pocos meses hemos pasado de una nueva reforma de las pensiones, que manipula su ajuste para desvincularlas del IPC real, a la introducción de los Planes de Pensiones de Empresa.
Las pensiones
La aprobación el jueves 9 de junio de la Ley que regula los nuevos planes de pensiones de empresa es una derrota en toda la línea del movimiento pensionista, cuya división y postración ante el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos (UP) es el resultado de las maniobras de aparato por parte de los sectores dirigentes de la COESPE. La primera lección que se debe extraer es que el denominado gobierno más progresista de la historia de España ha servido a los intereses de las burocracias sindicales, de la gran banca, las aseguradoras y los fondos de inversión. Los que desde las dos fracciones de la COESPE llamaron a sosiego al movimiento pensionista, reprimían la protesta contra los planes del gobierno entre el activismo, y desmoralizaron al movimiento con su división y la desmovilización, han servido en bandeja esta derrota para el movimiento obrero en su conjunto.
Mención especial merecen los sindicatos CCOO y UGT que han evitado con todas sus fuerzas que la preservación del sistema público de pensiones se convierta en una cuestión central de los trabajadores en activo. Estos son en definitiva los primeros interesados en que el sistema se preserve puesto que serán sus beneficiarios en el futuro. Los sindicatos combativos tampoco han superado el listón, puesto que de lo que se trataba era de luchar en favor de una huelga general en defensa de las pensiones y del salario de los trabajadores, erosionado por la inflación y contra un pacto de rentas. El argumento de que no había fuerza para una huelga general es un mensaje vacío. Se trataba de agitar ese objetivo y luchar por él en cada comité de empresa, en cada taller y en cada centro de trabajo hasta confluir en una asamblea de bases del movimiento obrero a favor de una huelga general.
La clave de la lucha estaba en llevar al movimiento a una fase superior y salir del marco desgastado de las movilizaciones minoritarias y rutinarias. Para eso era necesario trasladar al movimiento obrero la urgencia y la necesidad de esta lucha. Dejar el movimiento encajonado dentro del marco del movimiento pensionista dividido y postrado ante el Gobierno de coalición era el camino de la derrota. En la concentración minoritaria, donde ni siquiera estaba presente el grueso del activismo ante el Congreso el 9 de junio, se habló de caminar hacia la victoria. No hubo ni un solo mensaje crítico. No hay un balance dentro del movimiento pensionista que sirva de base para reanudar la lucha sobre una base firme. Ese balance es prioritario. Basta de sumisión al gobierno, el movimiento pensionista se debe fusionar con el movimiento obrero en la lucha por mantener el poder adquisitivo de los salarios y las condiciones de trabajo, y reanudar la lucha por la derogación de las reformas del sistema público de pensiones.
La izquierda parlamentaria con la banca
La Ley recibió los votos del PSOE, UP, Ciudadanos, PNV, y PdeCat más la abstención de EH-Bildu. El Partido Popular estaba dispuesto a votar a favor si no lo hacía UP. Esta última votó a favor a pesar de que el PSOE tiró abajo las enmiendas que había hecho su socio de gobierno, entre ellas la de eliminar el tope a las cotizaciones. El voto lo emitieron argumentando que habían llegado a un compromiso con el ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá para eliminar el tope de las cotizaciones en el futuro. Algo que Escrivá desmintió el mismo día. UP ya había apoyado la reforma del Gobierno del que forma parte en las reuniones del Pacto de Toledo preparatorias de aquella. Y todos de conjunto han dedicado esta reforma al sector financiero.
Son bancos, aseguradoras y fondos de pensiones los que están ávidos de hacerse con la gestión de la caja que se puede generar con la masificación de estos planes de pensiones de empresa. El hecho de que el cofre lo guarde la Seguridad Social no tiene ninguna trascendencia. Nadie da garantía contra las pérdidas y los gestores recibirán sus comisiones por la gestión y no por el beneficio que se genere. Es decir, van a ganar dinero aunque se pierda valor en las inversiones. Mientras tanto el apaño va a servir para que las empresas desgraven por su aportación, y vean sus cuotas sociales reducidas, lo cual debilitará al sistema público. La aprobación de este tramo de la reforma de las pensiones es parte integral de la primera fase que se vendió como un mecanismo de defensa del poder adquisitivo de los pensionistas aplicando un sistema artero, la inflación media, que evita que los ingresos de los pensionistas sigan el paso de la inflación.
La Comisión Europea (CE) ha condicionado las ayudas para la pandemia al progreso de esta reforma de las pensiones. Aunque todavía falta una pieza más en este puzzle. Los Planes Pan Europeos de Pensiones (PPEP). Estos son planes privados de pensiones que se han establecido con el objetivo de ampliar el caladero en el cual los bancos, los fondos de pensiones y las compañías de seguros puedan aumentar el volumen de recursos disponibles en los mercados de capitales europeos. El BBVA calcula que esos recursos pueden alcanzar en Europa a los 2,1 billones de euros.
Estamos ante una colosal operación de captura de recursos económicos generados por los trabajadores a escala europea, de apropiación de lo que debería ser un salario diferido hasta la jubilación, por parte del sector financiero. Ni que hablar de las empresas que en España verán ahora reducida su contribución a las cuotas sociales en proporción al aporte que hagan a los fondos de pensiones de empresa, sustrayendo recursos al sistema público de pensiones, y reduciendo aun más su contribución fiscal a la hacienda pública al desgravar esos Planes de Empresa.
Por una lucha independiente de los intereses del capital
Los escépticos y desmoralizados deberían reflexionar sobre las perspectivas que abre una lucha sobre la base de una independencia política absoluta de los trabajadores respecto de los partidos que representan directamente a la burguesía y de aquellos que se disfrazan de izquierdistas para poder colar a los trabajadores leyes y políticas contrarias a sus intereses. El año pasado la huelga de los trabajadores del metal en Cádiz puso contra las cuerdas a la patronal del sector. La huelga contó con la simpatía del conjunto del movimiento obrero en España y manifestó la existencia de una tendencia real hacia la huelga general. CCOO y UGT junto a la patronal gaditana Femca maniobraron hasta conseguir un acuerdo espurio el 18 de noviembre de 2021 con el cual los aparatos sindicales levantaron la huelga a espaldas de los trabajadores.
Ahora hay en desarrollo un movimiento de lucha de los trabajadores del metal en Galicia y en Asturias en defensa de puestos de trabajo y por aumentos salariales. Una vez más la tendencia a la huelga general aflora en la superficie. Es evidente que existe disposición de lucha de la clase obrera. Que existe la voluntad de hacer frente a los atropellos de las patronales y que existen reclamos salariales frente a un coste de vida desbocado. En este contexto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado a rodar la idea de un Pacto de Rentas destinado a maniatar a los trabajadores para que sean estos los que paguen con su nivel de vida el aumento de los precios.
La lucha por las pensiones públicas debe ser parte indisoluble de la movilización de los trabajadores para mantener el poder adquisitivo de su salario, por la defensa de sus condiciones de trabajo, y por el derecho a mantener el empleo. Los partidos que se denominan de izquierda como UP sistemáticamente subordinan los intereses de los trabajadores a los del capital. Tras el desastroso desempeño dentro del gobierno de coalición las tensiones entre Izquierda Unida y Podemos han resurgido. Pero son divergencias que no hacen al fondo de la cuestión: la subordinación de los intereses de los trabajadores a los de los capitalistas. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado su propia coalición bajo el nombre de SUMAR. Pero tanto IU como Podemos son víctimas del descrédito que les ha generado su adaptación a la política del PSOE.
Una izquierda parlamentaria en disolución
La izquierda democratista, la que solo entiende la acción política dentro del marco del parlamento burgués, sobre la base de las maniobras y los pactos con los otros partidos, está en virtual disolución. La invasión rusa de Ucrania ha sido un nuevo mazazo. Se han plegado sin pudor a los argumentos de la OTAN y consienten al envío de armas y tropa a la zona del conflicto. Estamos ante una guerra de la OTAN cuyo objetivo es hacerse con el espacio ex soviético, una guerra en la que se enfrentan de un lado el Gobierno ruso en defensa de los intereses de la camarilla de empresarios capitalistas parasitarios del poder, los llamados oligarcas, es decir un imperialismo subalterno que pretende preservar sus prerrogativas, del otro el imperialismo estadounidense que aspira a quedarse con el mercado ruso mediante un cambio de gobierno y colonizar Asia Central y por elevación acercar el conflicto bélico a China.
Frente a esto han hecho una elección en favor del imperialismo estadounidense, renegando de la tradición revolucionaria que establece como única alternativa de independencia política de los trabajadores ante un escenario como el de Ucrania el levantamiento de los explotados contra las fuerzas enfrentadas en el teatro de la guerra por la revolución socialista, la expropiación del capital y el establecimiento de repúblicas socialistas federadas en Ucrania y Rusia. Esta adaptación a los intereses del imperialismo de EEUU en el marco de la OTAN se refleja también en la aceptación de la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental, pasando por encima de los intereses del pueblo Saharaui merced a un pacto con Marruecos con el acuerdo de Washington.
Los activistas obreros, los militantes sindicales, deben reflexionar sobre la situación en su conjunto. Es un momento en que el Gobierno y los capitalistas están decididos a hacer pagar el precio de la guerra imperialista a los trabajadores. La inflación es el resultado de la especulación desenfrenada de los grupos capitalistas, las petroleras, las operadoras de los mercados de granos, las gasistas, los monopolios de la electricidad. Es el resultado de la convulsión que ha ocasionado la guerra con la interrupción de los flujos comerciales, entre otras cosas por las sanciones a Rusia. La inflación devalúa los salarios, mientras los capitalistas suben los precios de sus productos. No reparan en asfixiar a los pequeños productores agrarios en beneficio de los grandes de la distribución y las cadenas de grandes superficies.
Los trabajadores deben agruparse de forma políticamente independiente de los intereses de la burguesía y luchar por su programa. Contra la guerra, inmediata retirada del apoyo de España a la OTAN. Ajuste de los salarios con el coste de la vida, no al Pacto de Rentas. Por la derogación de las reformas laborales. Por la derogación de las reformas de pensiones. Por un salario y pensiones mínimos de 1.200 €. Por un congreso de bases del movimiento obrero para preparar una huelga general. Por un partido obrero independiente de la burguesía.
